La Sala Constitucional de Costa Rica, conocida también como “Sala IV”, rechazó una acción presentada por un grupo de abogados y activistas LGBT+ (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y personas no binarias) que buscaba permitir a las parejas del mismo sexo inscritas en el Registro Civil poder asegurarse mutuamente.
Esta iniciativa se basaba en la discriminación sufrida por estas parejas al no tener acceso a los mismos derechos que las parejas heterosexuales en cuanto a aseguramiento se refiere.
Además, argumentaban que su exclusión del sistema de seguridad social era una violación al principio constitucional de igualdad.
Sin embargo, la Sala IV decidió rechazar la acción por 4 votos en contra y 3 a favor, argumentando que no es competencia de este órgano judicial crear leyes o modificarlas, sino únicamente interpretarlas y velar por su cumplimiento.
Este fallo ha generado polémica en el país y ha sido criticado por organizaciones defensoras de los derechos LGBT+, quienes lo consideran como un retroceso en la lucha por la igualdad y la no discriminación en Costa Rica.
A pesar de esta decisión, las parejas del mismo sexo pueden seguir asegurándose entre sí a través de otras opciones disponibles, como el contrato privado de convivencia o la unión civil.
Sin embargo, estas alternativas no ofrecen los mismos beneficios y protecciones que el matrimonio civil.
Este caso pone de manifiesto una vez más la necesidad de avanzar en el reconocimiento y respeto de los derechos de la comunidad LGBT+ en Costa Rica.
Aunque se han dado pasos importantes en materia legislativa en los últimos años, todavía queda mucho por hacer para garantizar la plena igualdad y no discriminación de todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.
Otra cuestión que este fallo pone en debate es el papel de la religión en las decisiones judiciales.
Mientras que algunos argumentan que la religión no debe ser un factor determinante en una sociedad secular, otros defienden el derecho a la objeción de conciencia basado en creencias religiosas.
Este tema sigue siendo controversial y despierta distintos puntos de vista.
Sin embargo, es importante recordar que Costa Rica se rige por un estado laico, donde todas las personas tienen derecho a mantener sus propias creencias sin imponerlas a los demás.
En conclusión, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un paso significativo en la lucha por la igualdad y no discriminación de la comunidad LGBT+ en Costa Rica.
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